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[Artículo U+D]
25_09_2014
Todo apunta a que este sistema corrupto, solo ha levantado levemente la alfombra para que el nacionalismo catalán negocie lo que me temo será la primera monarquía sobre una España federal. Si así fuera, esto supondría el último tramo del proyecto secesionista, donde terminarían de romper España y por supuesto la monarquía dejaría de tener sentido. Y además, si esto fuese así, querría decir que este sistema solo admite personas corrompidas, ya que solo personas corrompidas son capaces de sostener un sistema que garantiza la impunidad del delincuente. Son necesarias nuevas alternativas que regeneren la política española.
¿Cree la sociedad española que el delito de Jordi Pujol ha sido exclusivamente la evasión fiscal de una herencia recibida? La fundada sospecha social es que el ex presidente de la Generalitat catalana se ha enriquecido usando su posición para asignar contratos públicos de los que tanto él como su partido recibían un cuantioso porcentaje del contrato. Todos recordamos como esta situación fue denunciada en el año 2005 por Pascual Maragall, espetándole a Artur Mas el famoso: "su problema se llama 3%". Aunque parece que ese 3% se queda cortó a la vista de las fortunas amasadas por Pujol y otros líderes nacionalistas como el propio Artur Mas. También la sociedad se pregunta por qué este entramado de corrupción nacionalista no se ha destapado antes, y si esas mismas empresas y esos mismos sistemas corruptos de contratación siguen vigentes en el actual gobierno de la Generalitat. ¿Por qué esta situación sabida e incluso denunciada en el Parlamento Catalán, se ha consentido durante tantos años? ¿De verdad se va a tirar de la manta extirpando definitivamente la corrupción en Cataluña? El problema se agrava cuando, además del delito económico, esa corrupción sirve al nacionalismo como palanca para imponer a las empresas la ley del silencio y el apoyo tácito a sus planes secesionistas. Cuando se usa parte de esos "presuntos sobornos" no solo para el enriquecimiento personal, sino también para financiar el fratricida proyecto de secesión. En todo este proceso hay una nube de desconfianza de la sociedad. Una desconfianza que lleva a preguntarse si el caso Pujol se ha desvelado precisamente ahora con el fin de forzar una negociación entre Mariano Rajoy y el nacionalismo catalán, a cambio, de no tirar de la manta, con la promesa incluso de una reforma constitucional que permita una España federal como antesala del objetivo nacionalista. La impunidad de la que siguen gozando los nacionalistas catalanes es alarmante. No basta con tener pruebas de que los más altos líderes del nacionalismo se han enriquecido personalmente mediante la concesión de contratos públicos. No basta con que Artur Mas, esté preparando un referéndum secesionista, creando una administración paralela, desplegando embajadas catalanas, impidiendo de facto emplear el español como lengua vehicular de enseñanza, incumpliendo las leyes e incluso las sentencias del Tribunal Superior de Justica, todo ello encaminado a la secesión, como públicamente ha explicado. Y es alarmante, porque no es razonable que el gobierno español consienta la impunidad de quienes quieren acabar con España, porque no es razonable que cuando el delincuente explica públicamente como está organizando su delito no se impida éste; porque no es razonable que el delito sea financiado con dinero público y se le siga financiando; porque en definitiva no es razonable que el gobierno español consienta tal impunidad, salvo que haya alguna razón oculta al común de los españoles. Todo apunta a que este sistema corrupto, solo ha levantado levemente la alfombra para que el nacionalismo catalán negocie lo que me temo será la primera monarquía sobre una España federal. Si así fuera, esto supondría el último tramo del proyecto secesionista, donde terminarían de romper España y por supuesto la monarquía dejaría de tener sentido. Y además, si esto fuese así, querría decir que este sistema solo admite personas corrompidas, ya que solo personas corrompidas son capaces de sostener un sistema que garantiza la impunidad del delincuente. Son necesarias nuevas alternativas que regeneren la política española. Juan de Dios Dávila
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